Propuestas para la Inclusión de Ciudadanos con Discapacidad en el Distrito Federal

¿Por qué exigimos lo que exigimos?

Por dos razones: somos ciudadanos mexicanos con plenos derechos, queremos y podemos contribuir a la sociedad a la que pertenecemos; por si fuera poco, la Ley está de nuestra parte. 

Nos referimos, de entrada, a la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que ya forma parte del Bloque Constitucional de nuestro país. Esta Convención, promovida por México al mundo, ratificada por el Senado y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, obliga al Estado Mexicano a trazar y desarrollar las políticas públicas necesarias para nuestra plena inclusión. También lo garantiza la reciente reforma de 2011 en materia de derechos humanos.

Aunque según el Censo 2010 midió que sólo hay 5.1% de personas con discapacidad en México, en el Informe Mundial sobre Discapacidad 2011 de la Organización Mundial de la Salud se reporta que al menos 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad. Es importante mencionar que la adecuada atención y promoción de los derechos de nuestro grupo,  afecta de manera directa a cinco ciudadanos más que forman su grupo familiar.  Estamos hablando de beneficiar, potencialmente, a una cuarta parte de la población.

De acuerdo a la misma CDPD, la discapacidad es el producto de la interacción –diaria y tortuosa— entre las personas con deficiencias y las barreras manifestadas en el entorno, incluidas las actitudinales. Corresponde al Gobierno corregir la actual situación para crear una ciudad y un país incluyente.

¿Qué queremos?

En resumen, que se cumpla con lo establecido en la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de manera progresiva, sin pasos atrás y de manera constante, tomando siempre en cuenta que estamos hablando de una lucha histórica que ya tiene logros, y en la que también México está atrasada en décadas, con respecto a otros países.

Para ello necesitamos que:

1. Se consolide y apoye lo ya logrado, fruto de una lucha de décadas del movimiento de personas con discapacidad.
1. Garantizar la implementación de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal promulgada en septiembre de 2010.
2.  Asegurar el correcto funcionamiento del Instituto para la Integración al Desarrollo del Distrito Federal (INDEPEDI) con la asignación presupuestal inherente a sus responsabilidades.
3. Proporcionar las condiciones para la formación y consolidación del Consejo Consultivo del INDEPEDI en el que la sociedad civil colabore en la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas en la atención a personas con discapacidad.
2. Se establezca e implemente un programa  para la atención de las personas en el Distrito Federal. Que cumpla con los preceptos de la CDPD.
3. El compromiso de la persona que sea titular de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal de que sea una de sus prioridades personales y signo de su mandato. Sólo a través del impulso del o la titular de la Jefatura de Gobierno se puede hacer realidad la transformación de la estructura, con el presupuesto necesario asignado.

Por ello pedimos:

1. Que el Programa de Atención a las personas con discapacidad en el Distrito Federal
   1. Garantice la accesibilidad universal, física, en todas las dependencias de la Administración Pública así como a nivel privado.
   2. Garantice la accesibilidad universal en todas las comunicaciones de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal y promover este derecho en los niveles de la iniciativa privada, vía incentivos. Tomar en cuenta las necesidades de accesibilidad a la información como uso de Lengua de Señas mexicana, información en Braille, de lectura fácil, entre otros.
   3. Para el caso de la atención y trato acorde, como lo fija la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los supuestos de situaciones de riesgo o emergencia, se necesita implementar en el Distrito Federal adecuada, acorde y aplicable normatividad en materia de Protección Civil.
   4. Que se cuente con un transporte accesible e incluyente de las Personas con Discapacidad, esto en sus diversas modalidades (Por ejemplo: Metro, STE, Taxis, RTP) Que a pesar de que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2010 estipula una TOTALIDAD de unidades accesibles, hoy en día no es una realidad ya que solo contamos con determinados porcentajes, esto se lograra con el efectivo cumplimiento de que las unidades que se adquieran (nuevas) o remodeladas sean efectivamente accesibles, para que de manera progresiva se sustituyan los ya existentes así como depurando los servicios de transporte que no lo sean.
   5. Que sea obligatorio para Jefatura de Gobierno del Distrito Federal comunicarse de manera constante a la población sorda de México en formatos accesibles, como son el uso de Lengua de Señas Mexicanas (LSM) en los comunicados que emita así como las Dependencias de la Administración Publica Local que están a su cargo.
   6. Proveer el contar con Intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, en el acceso a la justicia, procesos judiciales, como son Ministerios Públicos y Juzgados.
   7. Las personas con discapacidad como cualquier ciudadano requieren la garantía del Gobierno del Distrito Federal, para gozar del más alto nivel de salud, con plena inclusión y participación en la comunidad, con accesibilidad amplia e integral en todos los espacios e informaciones destinados a los usuarios, equipos de diseño universal, así como personal sensibilizado y capacitado en la atención de personas con discapacidad.
   8. En su caso para las personas que por su condición requieran servicios de rehabilitación, se deben asegurar, mecanismos para la obtención de ayudas técnicas, seguimiento y medicamentos, en suma con un servicio especializado, suficiente y de calidad.
   9. Un programa de Educación Inclusiva para las personas con discapacidad –desde preescolar hasta educación superior— que obligue no sólo a la educación pública, sino con alicientes e incluso exigencias que comprometa en su cumplimiento a la educación privada. Esto también implica una clara y eficiente capacitación y sensibilización tanto a maestros, como directivos de escuelas y padres de familia de personas sin discapacidad.
   10. Un programa de Empleo y Capacitación de personas con discapacidad como una política de gobierno amplia e integral -con base en principios de igualdad, no discriminación y con perspectiva de género- de acuerdo a las necesidades específicas de nuestra población. Promover, por lo mismo, acciones afirmativas de parte de instituciones públicas para emplear a personas con discapacidad obligando a un mínimo de 2% en los empleos del sector público a personas con discapacidad.
       También promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas de acción afirmativa, incentivos y otras.
   11. Una clara política de fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan a favor de las personas con discapacidad en el país, para facilitar la labor complementaria a la de Gobierno, proporcionando las condiciones y apoyos en la operación que garanticen un mayor impacto social.
   12. Acceso a la justicia para todas las personas con discapacidad como sujetas de derechos, con los apoyos necesarios, reconociendo plenamente su capacidad jurídica.

Para contribuir  a ello, ofrecemos participar y contribuir a formar:

1. Una mesa de transición (de julio a diciembre del 2012) para acordar los objetivos a alcanzar para cada año de gobierno y los procesos de su implementación de acuerdo con los principios de la CDPD.
2. Constituir una Comisión Ciudadana de seguimiento de los acuerdos alcanzados.
3. Establecer mecanismos de información, rendición de cuentas  y evaluación de las políticas públicas, de los programas y presupuestos de las acciones implementadas cada año.